INTRODUCCIÓN
La salud mental es concebida como un proceso dinámico de bienestar que permite a las
personas desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera
productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus comunidades1. Los avances
en el conocimiento actual muestran su vinculación inextricable con la salud física y el bienestar
social. Esta interrelación, indica que la salud mental es decisiva para asegurar el bienestar
general y progreso de las personas, familias y colectividades2.
En el Perú, los padecimientos neuro-psiquiátricos representan el grupo de daños con
mayor carga de enfermedad y de años de vida saludable perdidos3, constituyéndose en una
prioridad de salud pública siendo los problemas de mayor prevalencia la depresión, el abuso y
dependencia del alcohol, los trastornos de ansiedad, las esquizofrenias, la violencia familiar,
los trastornos de conducta y de las emociones en los niños y el maltrato infantil. Generalmente,
estos problemas de salud mental, influyen y son influidos por otros, también prioritarios, como
aquellos vinculados a la salud infantil y materna, la salud sexual y reproductiva, el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, inclusive las enfermedades infecciosas como la
tuberculosis y el VIH/SIDA, entre otras.
Al gran sufrimiento y deterioro de la calidad de vida de personas con problemas mentales
y de sus familiares, se agregan las repercusiones económicas y sociales expresadas en gastos
de los servicios sanitarios y sociales, baja de la productividad, desempleo, estigmatización y
exclusión.
No obstante la situación existente, la respuesta del sistema de salud peruano es aún
insuficiente: de cada cinco personas con trastornos mentales, solo una de ellas consigue algún
tipo de atención4. Esta brecha en la atención se explica fundamentalmente por la insuficiente
oferta de servicios de salud mental y por sus características de centralización e inequidad,
alejada de los contextos cotidianos y focalizada en los aspectos sintomáticos más que en los
procesos de recuperación de las personas usuarias. Adicionalmente, las personas con trastornos
mentales presentan tasas muy elevadas de discapacidad y tienen una probabilidad de muerte
prematura entre un 40% a 60% mayor que la población general, debido a los problemas de
salud física, que a menudo no son atendidos y al suicidio5.
Ante esta situación, el Estado Peruano ha determinado la Reforma de la Atención de Salud
Mental mediante el fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención. Así, en junio del
año 2012 se promulgó la Ley N° 298896 que modifica el Artículo 11 de la Ley General de
Salud (Ley N° 26842) que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud
mental al acceso universal y equitativo, a las intervenciones de promoción y protección de la
salud, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial, y establece al Modelo
Comunitario como el nuevo paradigma de atención en salud mental en el Perú, en línea con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. (OMS) y las evidencias científicas5.
Mediante su Reglamento aprobado el 6 de octubre del año del 2015 por Decreto Supremo
N° 033-2006-SA7 se indica la creación de nuevas estructuras: Centros de Salud Mental
Comunitarios, Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones en Establecimientos de
Salud desde el nivel II-2, Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral y Hogares y Residencias
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PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
COMUNITARIA. 2018 – 2021
protegidas, que se incorporan a la clasificación de establecimientos de salud existentes en las
redes de servicios de salud, para conformar, como parte integrante de ellas, redes de atención
de salud mental comunitaria. Consecuente, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de
Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, presenta
el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, en
el que plantea los objetivos y actividades necesarias para cumplir con el mandato legal y ético
respectivo, a implementarse en todas las regiones del país.
El logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus actividades contribuyen con los
compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 "Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades” que entre sus nueve metas establece promover la
salud mental y fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Asimismo, es congruente
con las propuestas del plan de acción mundial propuesto por la OMS al 2020 para promover la
salud mental mediante la reforma de los servicios y la protección de los derechos humanos de
las personas con trastornos mentales5 y con las recomendaciones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para promoción y prevención en salud mental8,
que establece la necesidad de implementar servicios de salud mental articulados en redes
comunitarias, integrados a servicios de salud general y donde el fortalecimiento del primer nivel
de atención es esencial
