La salud mental y el bienestar de sociedades enteras se han visto gravemente afectados por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 y son una prioridad que debe abordarse con urgencia.
Así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas en un informe a través del cual analiza el grave impacto de la situación actual sobre la salud mental de todas las personas, y pone de manifiesto el rol de los servicios de salud mental como parte esencial de todas las respuestas gubernamentales al COVID-19, recogiendo una serie de recomendaciones dirigidas a los legisladores políticos.
Tal y como señala el informe, la buena salud mental es fundamental para la respuesta de cada país y la recuperación de COVID-19. Sin embargo, antes de que surgiera el coronavirus, las estadísticas sobre problemas de salud mental ya eran preocupantes: "la economía global pierde más de 1 billón de dólares al año debido a la depresión y la ansiedad; la depresión afecta a 264 millones de personas en el mundo; alrededor de la mitad de todos los problemas de salud mental comienzan a los 14 años; el suicidio constituye la segunda causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 29 años; más de 1 de cada 5 personas que viven en entornos afectados por conflictos presenta una condición de salud mental; menos de la mitad de los países informan que sus políticas de salud mental están alineadas con las convenciones de derechos humanos; en los países de ingresos bajos y medianos, entre el 76% y el 85% de las personas con problemas de salud mental no reciben tratamiento, a pesar de la evidencia de que se pueden realizar intervenciones eficaces en cualquier contexto; a nivel mundial, hay menos de 1 profesional de salud mental por cada 10.000 personas", etc.
Foto: Nandhu Kumar Fuente: pexels Fecha descarga: 09/06/2020
La ONU deplora que, pese a su importancia e impacto, la salud mental siga siendo una de las áreas de salud más olvidadas.
El documento apunta a la adversidad como un factor de riesgo bien establecido para desarrollar problemas de salud mental a corto y largo plazo. De hecho, las investigaciones relacionadas con epidemias pasadas ponen de manifiesto el impacto negativo de los brotes de enfermedades infecciosas en la salud mental de las personas.
La evidencia disponible hasta la fecha confirma la angustia psicológica generalizada en las poblaciones afectadas, algo comprensible, dado el impacto de la pandemia en la vida de las personas. Dicha angustia puede deberse tanto al impacto inmediato del virus sobre la salud y las consecuencias del aislamiento físico, como al miedo a la infección, la muerte y la pérdida de miembros de la familia.
La actual pandemia del COVID-19 ha conllevado un distanciamiento físico de las personas con sus seres queridos y compañeros. Asimismo, millones de personas se enfrentan a una crisis económica por haber perdido o estar en riesgo de perder sus ingresos y medios de vida. A esto se añade la información errónea frecuente, los rumores sobre el virus, la difusión de imágenes en los medios de enfermos graves, cadáveres y/o ataúdes, y la profunda incertidumbre sobre el futuro, que constituyen importantes fuentes de angustia. Todo ello, incrementa la probabilidad de un aumento a largo plazo en la cifra y gravedad de los problemas de salud mental en todo el mundo.
Dado lo anterior, no es sorprendente que en varios países se hayan registrado niveles de síntomas de depresión y ansiedad superiores a los habituales.
Para lidiar con los estresores, algunas personas pueden recurrir a diferentes formas negativas de afrontamiento, incluido el uso de alcohol, drogas, tabaco o invertir más tiempo en conductas potencialmente adictivas como los juegos online.
Por otro lado, la ONU expresa su preocupación por los efectos del COVID-19 en el cerebro, detectándose manifestaciones neurológicas. Alerta también del efecto de las consecuencias sociales de la pandemia en el desarrollo de la salud cerebral en niños/as pequeños/as y adolescentes y el deterioro cognitivo en la población de mayor edad, e insta a emprender acciones urgentes para evitar el impacto a largo plazo en los cerebros de los miembros más jóvenes y mayores de nuestra sociedad.
No se debe pasar por alto el impacto a largo plazo de la crisis en la salud mental de las personas y de la sociedad. Como resultado de la crisis económica de 2008, se registró un incremento de suicidios y de uso de sustancias relacionados con la pérdida de esperanza debido a la falta de empleo y aumento de la desigualdad. En esta misma línea, la ONU prevé que a medida que aumente la carga económica del COVID-19, puede anticiparse un coste similar en la salud mental, con un impacto importante en las personas, las familias y la sociedad en general.
Lamentablemente, la pandemia ha interrumpido los servicios de atención a la salud mental en todo el mundo y muchos de ellos han tenido que encontrar formas innovadoras de reorganizar y adaptar su prestación para garantizar la continuidad de la atención psicológica, por ejemplo, realizando las intervenciones a distancia en lugar de cara a cara.
Se ha observado cómo diversos grupos específicos de la población muestran elevados grados de angustia psicológica relacionada con el COVID-19 y se han visto afectados de diferentes maneras ante esta situación. Los trabajadores y trabajadoras sanitarios/as de primera línea desempeñan un papel crucial en la lucha contra la epidemia y han estado expuestos a numerosos factores estresantes (cargas de trabajo extremas, decisiones difíciles, muerte de pacientes, riesgo de infección y de contagio a sus familiares y otras personas, etc.), por lo que es fundamental garantizar su salud mental de cara a mantener una respuesta y abordaje eficaz del COVID-19.
La ONU advierte de que, en cada comunidad, hay numerosos adultos mayores y personas con problemas de salud previos que se encuentran "aterrorizados con sentimientos de soledad”. De igual modo, los y las menores también son un grupo de riesgo en la crisis actual: un elevado porcentaje de niños, niñas y adolescentes presenta dificultades emocionales, que se han visto exacerbadas por el estrés familiar y el aislamiento social. Los y las menores se han encontrado en una situación en la que su educación se ha visto interrumpida súbitamente, enfrentándose a la incertidumbre sobre su futuro, todo ello en momentos críticos de su desarrollo emocional. La organización alerta del riesgo de abuso que corren niños/as y adolescentes, especialmente aquellos y aquellas en situación de vulnerabilidad. Un punto clave en este informe es que la provisión de servicios de salud mental incluya acciones específicas adaptadas para esta población.
Asimismo, las mujeres están soportando una gran parte del estrés en el hogar, así como impactos desproporcionados en general. Durante la situación actual, las mujeres embarazadas y las nuevas madres son especialmente propensas a estar ansiosas debido a las dificultades para acceder a los servicios, al apoyo social y psicológico, así como por el miedo a la infección. En algunas situaciones sufren una mayor carga debido a tareas adicionales, como la educación en el hogar y el cuidado de familiares mayores. Igual que sucede con el abuso infantil, la situación de estrés y las restricciones al movimiento aumentan el riesgo de violencia hacia las mujeres: la ONU estima que a nivel mundial se pueden esperar 31 millones de casos adicionales de violencia de género si las restricciones continúan durante al menos 6 meses.
Las personas que viven en entornos humanitarios y de conflicto corren el riesgo de que no se atiendan sus necesidades de salud mental. La situación de la pandemia puede exacerbar los problemas de salud mental existentes, inducir nuevas problemáticas y limitar el acceso a los ya escasos servicios de salud mental disponibles. Además, en los casos en que se vive en entornos humanitarios, como los refugiados o los desplazados internos que viven en campamentos o asentamientos abarrotados, suele ser difícil cumplir con las medidas de prevención (como el distanciamiento físico). Esto aumenta los riesgos de infección por COVID19 y genera altos niveles de estrés.
De acuerdo con la ONU, durante los últimos meses se han iniciado esfuerzos para apoyar a las personas en riesgo y para garantizar la atención de aquellas con problemas de salud mental. Se han implementado formas innovadoras de proporcionar servicios de salud mental y han surgido iniciativas para fortalecer el apoyo psicológico y social.
Sin embargo, debido a la magnitud de la situación, la Organización advierte de que la gran mayoría de las necesidades de salud mental no se han abordado. La respuesta, señala, "se ve obstaculizada por la falta de inversión en promoción, prevención y atención de la salud mental antes de la pandemia”.
Para minimizar todas las consecuencias sobre la salud mental, la ONU pone de relieve la necesidad emprender con urgencia las siguientes acciones:
1. Aplicar un enfoque de toda la sociedad para promover, proteger y cuidar la salud mental
Las acciones de salud mental deben considerarse componentes esenciales de toda respuesta nacional a COVID-19. Un enfoque de toda la sociedad para la salud mental en COVID-19 supone:
Incluir la salud mental y las consideraciones psicológicas y sociales en los planes nacionales de respuesta en todos los sectores relevantes. Este punto es clave, en pro de la mejora de las habilidades de afrontamiento de las personas durante la crisis, reduciendo el sufrimiento y acelerando la recuperación y reconstrucción de las comunidades.
Responder proactivamente para reducir las adversidades relacionadas con la pandemia que se sabe que dañan la salud mental, por ejemplo, la violencia doméstica y el empobrecimiento.
Las medidas de protección financiera son necesarias para evitar que las personas sufran el impacto de perder sus medios de vida o perspectivas económicas. Se deben ofrecer oportunidades de aprendizaje alternativas a niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. La prevención de la violencia doméstica, ya sea contra mujeres, niños/as, adultos mayores o personas con discapacidad, debe ser una parte clave de los planes nacionales de respuesta COVID-19. Los marcos nacionales para abordar la discriminación contra los trabajadores de la salud y las personas que están o han estado contagiados deben establecerse e implementarse en países donde exista tal discriminación. Es importante garantizar la protección y la atención de las personas en las instituciones.
Sensibilizar sobre el impacto potencial de esta situación sobre la salud mental de las personas.
Para evitar la propagación del virus y reducir la ansiedad en la población, los Gobiernos y otros actores clave, incluidos los medios de comunicación, deben informar regularmente sobre la pandemia, proporcionando información actualizada basada en la evidencia, en un lenguaje sencillo, accesible e inclusivo a través de los canales que utiliza la sociedad. Dicha comunicación debe realizarse con empatía e incluir consejos sobre el bienestar emocional. Es fundamental evitar la ansiedad indebida causada por una comunicación inconsistente, incomprensible o amenazante.
2. Garantizar la amplia disponibilidad de los servicios de salud mental y apoyo psicológico y social
La salud mental y el apoyo psicológico y social deben estar disponibles en cualquier emergencia. Alcanzar este objetivo durante la pandemia de COVID-19 significa:
Apoyar acciones comunitarias que fortalezcan la cohesión social, la solidaridad y el afrontamiento saludable, reduzcan los sentimientos de soledad y promuevan el bienestar psicológico, por ejemplo, actividades de apoyo que ayuden a personas mayores a mantenerse conectadas.
Es necesario fortalecer los mecanismos preexistentes y emergentes de apoyo comunitario y voluntario dirigidos a personas vulnerables. Esto incluye apoyos para adultos mayores, trabajadores de atención médica de primera línea y personas que han perdido sus medios de vida. Deben promoverse los esfuerzos que ayudan a las personas en situación de aislamiento a mantenerse conectadas, reducir la soledad (especialmente en adultos mayores) y minimizar el aburrimiento (especialmente en niños y adolescentes).
Invertir en intervenciones de salud mental que pueden administrarse de forma remota, como atención psicológica de calidad garantizada para trabajadores sanitarios de primera línea y personas que se encuentran en casa con depresión y ansiedad. Cuando las personas se ven obligadas a quedarse en casa, el soporte puede ser remoto (por ejemplo, por teléfono, texto o video), según el contexto y las necesidades. Las intervenciones psicológicas tienden a ser igualmente efectivas si se realizan en persona o mediante vía telefónica o videollamada.
En opinión de la ONU, esta es una oportunidad para introducir innovaciones en la atención de la salud mental que pueden ayudar a mejorar el rendimiento del futuro.
Garantizar la atención ininterrumpida en personas con problemas de salud mental graves definiendo formalmente dicha atención como servicios esenciales que continuarán durante la pandemia.
Proteger y promover los derechos humanos de las personas con problemas graves de salud mental y discapacidades psicológicas y sociales, controlando por ejemplo la igualdad en el acceso a la atención relacionada con el COVID-19.
3. Apoyo a la recuperación del COVID-19 creando servicios de salud mental para el futuro
La salud mental requiere una inversión general mucho mayor. Los datos existentes a este respecto revelan que los países invierten en promedio solo el 2% de sus presupuestos en salud mental. Dadas las mayores necesidades a largo plazo causadas por la pandemia, este es el momento de abordar la inequidad y organizar servicios comunitarios asequibles que sean eficaces y protejan los derechos humanos de las personas como parte de cualquier plan nacional de recuperación de COVID-19.
Así, todas las comunidades afectadas necesitarán servicios de salud mental de calidad para apoyar la recuperación de la sociedad tras la crisis del COVID-19, y esto requiere lo siguiente:
Impulsar el actual de interés en la salud mental para catalizar reformas en este ámbito de la salud, desarrollando y financiando la implementación de estrategias de reorganización de servicios nacionales que desplazan la atención de las instituciones hacia los servicios comunitarios.
Asegurarse de que la salud mental sea parte de la Cobertura Sanitaria Universal, incluyendo la atención de los trastornos mentales, neurológicos y de uso de sustancias en los paquetes de beneficios de atención médica y los planes de seguros.
Desarrollar la capacidad de los recursos humanos para brindar atención social y a la salud mental entre los trabajadores comunitarios para que puedan brindar apoyo.
Organizar servicios basados en la comunidad que protejan y promuevan los derechos humanos de las personas, por ejemplo, involucrando a personas con experiencia en el diseño, implementación y monitoreo de servicios.
La investigación debe ser parte de los esfuerzos de recuperación. Cualquier programa para reducir o abordar los problemas de salud mental creados por la pandemia debe ser monitoreado y evaluado. Además, es importante comprender el alcance de las consecuencias para la salud mental (incluido el impacto neurológico y del uso de sustancias) del COVID-19 y los efectos sociales y económicos, consultando directamente con las poblaciones afectadas
